Desde el momento de su conformación —con la decisión de los presidentes de la región reunidos en Cuzco-Perú, el 8 de diciembre de 2004, y teniendo como documentos fundacionales a las Declaraciones de Cuzco y Ayacucho—, la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), conocida anteriormente como Comunidad Sudamericana de Naciones, ha plasmado su institucionalización con la firma en Brasilia de su Tratado Constitutivo, el cual persigue ´construir una identidad y ciudadanía sudamericanas y desarrollar un espacio regional integrado´.Unasur es un proceso de integración sociopolítico que persigue la convergencia entre los procesos de integración regionales existentes (CAN, Mercosur, ALADI y las experiencias de Chile, Guyana y Surinam), aglutinando a doce países sudamericanos caracterizados por sociedades heterogéneas en sus orígenes, costumbres, composición étnica, expresiones culturales, manifestaciones lingüísticas y gobiernos que expresan orientaciones democráticas no necesariamente coincidentes entre sí.
Y a pesar de que es temprano para juzgar si el proceso de integración que se está emprendiendo —vía Unasur— guiará por un nuevo rumbo al desarrollo económico, cultural, institucional, político y social sudamericano, o si terminará —disfrazado bajo un discurso novedoso— siguiendo las idénticas pautas de los modelos integracionistas anteriores, me pregunto: ¿Es posible una integración fáctica e integral entre quienes habitan las territorialidades que conforman la Unasur, sin incorporar una agenda social emanada como fruto de la participación de una ciudadanía social activa, que reconoce y delimita los principales problemas que aquejan al ámbito sudamericano?
En el marco de Unasur, un sistema de integración regional latinoamericano constituido en torno a la participación directa de las comunidades campesinas e indígenas y de otras instancias de participación ciudadana efectiva —que reconoce el rol protagónico que juegan la diversidad variopinta de actores sociales en los procesos de integración— es una alternativa que puede garantizar la construcción de un nuevo modelo de integración que aprovecha efectivamente las experiencias positivas de la ciudadanía social y que es capaz de enfrentar la globalización con herramientas que le permitan paliar asimetrías, marginalidad social y construir una plena ciudadanía democrática sudamericana.
El Tratado suscrito en Brasilia es un primer gran paso que debe centrarse en ´estrategias propias´ que, a su vez, deben capitalizar errores pasados, aceptar el incesante dinamismo del proceso de globalización, reconocer la comunicación como factor articulador clave para el reencuentro y fraternidad de las nacionalidades involucradas y apoyar las urgentes tareas que demanda generar el bienestar de los pueblos sudamericanos, entre otros.
Con el trasfondo de estas consideraciones, en un difícil cuadro globalizado internacionalmente que ha amplificado la persistencia de flagelos que afectan a la región de América del Sur (pobreza, exclusión, inequidad y desigualdad social), a pesar de la buena voluntad de las administraciones políticas y de las instancias de cooperación y desarrollo; se debe reconocer que el reforzamiento integracionista regional y las reivindicaciones sociales no se realizaran sin contradicciones.
*Mariella Pereyra O.
es cientista política.
