Bolivia: El nacionalismo indígena como identidad política

Pablo Stefanoni( * )

En los últimos años, Bolivia pasó de ser contemplada con la tradicional mirada “miserabilista” –un país de indígenas pobres y resignados– a ser la expresión de la insurrección popular, capaz de proponer un proyecto político y social alternativo al conjunto de América Latina. Se trata de dos imágenes exageradas, pero es cierto que Bolivia se fue transformando en un gran laboratorio de acción colectiva popular y de construcción de imaginarios políticos antineoliberales y anticoloniales. En pocos países latinoamericanos el movimiento social logró, como en esta nación andino-amazónica, una acumulación política en paralelo a las protestas sociales: lo que constituía un conjunto de organizaciones corporativas con fuerte arraigo territorial, se desbordó hacia el ámbito nacional y comenzó a disputarle a las élites políticas y económicas la idea de nación y de bolivianidad construida junto a la exclusión de las mayorías nacionales indígenas desde 1825.
El 22 de enero de 2006 fue vivido por una gran mayoría de bolivianos como un parte aguas en una historia nacional que pasó del colonialismo español al “colonialismo interno”; un sistema formalmente republicano en el que el color (más blanco) de la piel, los apellidos españoles y el dominio del castellano devinieron un “capital” necesario para acceder a los espacios de decisión política, acumulación de riquezas y construcción de prestigio social. Ese día llegó a la presidencia Evo Morales Ayma indígena aymara y dirigente de los sindicatos de cultivadores de coca en el Trópico de Cochabamba.
Se trató de un punto de llegada de un proceso basado en la autorrepresentación política de las organizaciones sindicales y comunitarias en el campo político. Un razonamiento sencillo pero políticamente muy productivo comenzó a recorrer al movimiento popular desde mediados de los años ‘90: “mientras el Estado esté en manos de las élites blancoides que condenaron a las mayorías nacionales indígenas a la exclusión luego de la independencia en 1825 no habrá futuro para nosotros”. Y ello iba encadenado a la lectura de la historia boliviana como una historia de rapiña: “primero saquearon la plata y el estaño hasta su agotamiento, ahora quieren hacer lo mismo con el gas, sin que quede nada para el pueblo boliviano. Sólo con la nacionalización las mayorías nacionales podrán disfrutar de la renta de esa riqueza y el país podrá modernizarse”.
Estos imaginarios se expresaron en dos consignas políticas precisas: Asamblea Constituyente para “refundar el país” y nacionalización del gas y del petróleo. Y con esas banderas Evo Morales ganó las elecciones presidenciales del 18 de diciembre de 2005 con el 53,7% de los votos frente al 29% de la derecha liderada por el ex presidente Jorge “Tuto” Quiroga. Se trató de un hecho triplemente histórico: primero, desde la restauración de la democracia en 1982 ningún candidato había logrado la mayoría absoluta de los votos, ni siquiera había estado cerca. Segundo, Evo Morales se transformó en el primer presidente indígena en este país en el que, según el censo de 2001, el 62% de su población se autoindentifica con algún pueblo originario. Tercero, Evo Morales peleó la presidencia del país sin haber renunciado a su cargo como dirigente sindical cocalero, lo que suponía una serie de estigmas sobre la relación coca-cocaína.
Pero Morales no fue un candidato caído del cielo o un outsider de la política. Su liderazgo se fue construyendo en un largo proceso de luchas que desde 2000 logró revertir un proceso de derrotas del movimiento popular que duró una década y media a manos del Estado neoliberal.
Del “marxismo minero” a la emergencia campesina
En 1985, el gobierno reformista de la Unidad Democrática Popular (UDP) compuesto por el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda (MNR-I), el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y el Partido Comunista de Bolivia (PCB), se vio obligado a dejar anticipadamente el poder el medio de una fuerte crisis hiperinflacionaria y presiones cruzadas proveniente de la derecha empresarial y de la izquierda radical nucleada en la Central Obrera Boliviana.
Víctor Paz Estenssoro –quien lideró la Revolución Nacional de 1952 con un programa de nacionalización de las minas y reforma agraria–volvió en 1985 a escribir el epílogo de esa revolución inconclusa y frustrada, que no logró el objetivo de poner en pie una nación soberana e integrada. El “nuevo” Paz Estenssoro había cambiado la revolución nacional por la “revolución conservadora” de moda por esos años de la mano de Ronald Reagan y Margaret Thatcher. En medio del derrumbe internacional de los precios del estaño, la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol) fue casi cerrada y alrededor de 24.000 mineros fueron despedidos. Con ellos se extinguió el denominado “marxismo minero”, construido en los socavones de las minas entre textos de Lenin y Trotsky y se desmoronó la otrora “poderosa” COB. Muchos mineros migraron a la ciudad de El Alto, colindante a La Paz, donde devinieron trabajadores por cuenta propia o microempresarios; otros, fueron a probar suerte a la región cocalera del Chapare, cuna política de Evo Morales. Y no es casual que estas dos regiones bolivianas hayan sido el epicentro de las rebeliones sociales de los últimos años. Junto con sus esperanzas de reconstruir sus vidas, los mineros cargaban con una poderosa tradición sindicalista revolucionaria, que fue irradiada en las zonas de migración y se articuló con otras culturas políticas allí presentes, como el sindicalismo campesinos fogueado en las luchas por la reforma agraria de 1953.
La pax neoliberal duró una década y media e incluyó la cooptación de numerosos intelectuales de izquierda, pero los resultados estuvieron lejos de las expectativas y las luchas sociales tomaron nuevos bríos en el comienzo del siglo XXI. Un conflicto con la empresa Aguas del Tunari –subsidiaria de Bechtel– en Cochabamba, en abril de 2000, derivó en una insurrección urbano-campesina conocida como la “guerra del agua”. Lo que comenzó como un reclamo por el aumento de las tarifas terminó poniendo en cuestión la privatización del agua y los servicios públicos, y logró la expulsión de la firma transnacional. La estructura de movilización de la “guerra del agua” fue la Coordinadora en Defensa del Agua y de la Vida, liderada por el dirigente fabril Oscar Olivera, que ofreció un horizonte político y organizativo a los sectores populares desmovilizados por crisis del capitalismo de Estado a través de un formato más flexible y contingente que las estructuras cobistas. En estas luchas apareció en la escena urbana Evo Morales, quien se formó como líder sindical y político en la región cocalera del Chapare, en el Trópico de Cochabamba, donde los cultivadores de coca construyeron fuertes lazos de solidaridad en los enfrentamientos –a menudo violentos– con las fuerzas policiales y militares que erradicaban sus cultivos, considerados “excedentarios” y cuyo destino sería la elaboración de cocaína( 1 ).
Este triunfo popular marcó la vuelta de la política a las calles. Ese mismo año, los aymaras del Altiplano, comandados por Felipe Quispe Huanca, pusieron en marcha su poderosa organización comunal y cercaron a la ciudad de La Paz casi hasta su asfixia. Y este vuelco en la relación de fuerzas políticas y sociales se expresó en las elecciones de junio de 2002. Evo Morales, que expresaba, en parte, al movimiento emergente obtuvo el 22% de los votos, quedando a sólo un punto del ganador: Gonzalo Sánchez de Lozada, luego nombrado Presidente de la Republica por el Congreso controlado por el sistema político tradicional ( 2 ), lo cual le permitió acceder por segunda vez a la primera magistratura luego de un primer mandato entre 1993 y 1997. El Movimiento al Socialismo (MAS) llegaba así a las grandes ligas de la política boliviana. ¿Pero qué representa esta sigla nacida de la Bolivia profunda y casi ignorada por los sectores urbanos hasta la sorpresa electoral?, ¿cuáles son las coordenadas ideológicas y organizativas que permiten entender a esta fuerza política que avanzó desde el campo hacia las ciudades y que sorprendió a analistas e intelectuales?
En 1995, un congreso campesino votó la “tesis del instrumento político”, que consistía en la conformación de un brazo político de las organizaciones sociales y sindicales que venían cuestionando al proyecto neoliberal y la persistencia el “colonialismo interno” en el país, así como la “democracia pactada” que permitía que el gobierno se alternara en un pequeño puñado de partidos de derecha. El poder fuertemente territorializado de estas organizaciones –que fungen a menudo como miocrogobiernos locales– fue puesto al servicio de un proyecto electoral, en el marco de una novedosa articulación entre lo social y lo político. En 1997, Evo Morales llega al Parlamento conformando un bloque de cuatro diputados campesinos. Y su carrera política avanzó en el marco de la crisis, cada vez más visible, del modelo político y económico vigente desde 1985. El punto más alto fue el mencionado resultado de 2002. Para ello, Morales tuvo dos ayudas involuntarias: las amenazas del entonces embajador estadounidense, Manuel Rocha, quien dijo que EE.UU. cortaría la ayuda económica si los bolivianos votaban a “un narcotraficante” y la expulsión del líder cocalero del Parlamento en enero de 2002 acusado de ser el autor intelectual de un cruento enfrentamiento en la localidad cochabambina de Sacaba. Ambos hechos –junto a su papel en las luchas contra la erradicación de los cultivos de coca, devenida la hola de la “dignidad nacional”– terminaron de erigirlo como el candidato antisistémico y antiimperialista, dos credenciales muy productivas en el marco de una insurgencia en ciernes.
El triunfo de Sánchez de Lozada –un neoliberal dogmático que habla con acento estadounidense en el contexto de una fuerte emergencia nacional-popular– fue una verdadera anomalía, tal como se verificó poco después. En febrero de 2003 un impuestazo derivó en un choque armado entre militares y policías con más de una decena de muertos. Y, en septiembre de 2003 comenzaron una serie de movilizaciones contra la venta de gas a México y Estados Unidos a través de puertos chilenos, el país que en 1879 se apropió del litoral marítimo boliviano luego de ganar la Guerra del Pacífico. Pero, ante los intentos del gobierno de cambiar a un puerto peruano, se impuso la consigna: “no importa por qué puerto se exporta el gas si quienes ganan son las transnacionales petroleras”. La violenta represión estatal provocó más de 64 muertos y el fin de Sánchez de Lozada, quien huyó a Washington donde todavía reside. La “guerra del gas” instaló en el país la denominada “agenda de octubre”: nacionalización y Asamblea Constituyente, que llevó a Evo Morales al Palacio Quemado con una plataforma política que hemos denominado “nacionalismo indígena”. Veamos en detalle este punto: la ideología del MAS y del propio presidente boliviano.
Indianismo, marxismo nacionalismo en la apuesta política e ideológica del MAS
¿Es el MAS heredero del indianismo katarista que en los años ’70 puso en circulación la tesis del colonialismo interno?, ¿puede insertarse al MAS en la matriz populista o nacionalista revolucionaria que lideró la Revolución Nacional de 1952 y emergió intermitentemente en los ’70 y ‘80?, ¿se trata de una “nueva izquierda” con influencia de la “vieja izquierda” marxista? Posiblemente la respuesta sea parcialmente afirmativa a todos estos interrogantes. En todo caso, el desafío es responder a la pregunta de cómo se han articulado estas tres corrientes del pensamiento político boliviano en el discurso del MAS, un “instrumento político” de los sindicatos en el que, a diferencia de los partidos institucionalizados, las líneas ideológicas no se expresan como corrientes internas sino como posiciones “personales” de sus dirigentes, y es sintomático que en los congresos masistas cada delegado exponga su posición sin polemizar con las otras y no se desarrolle un verdadero debate político-ideológico. Ello explica que estos tres discursos no hayan logrado estructurar un “espacio de intersección” que diera a luz una nueva doctrina política. Puede anticiparse que la articulación entre indianismo, marxismo y nacionalismo revolucionario es contingente, de acuerdo a la coyuntura política. Y también que el marxismo ha quedado relegado en beneficio de las otras dos fuentes ideológicas.
Para comenzar, resulta conveniente tener en cuenta que la idea de nación, construida a la sombra de la Revolución del ‘52 y del nacionalismo revolucionario inspirado en pensadores como Carlos Montenegro o Augusto Céspedes, fue mutando en las últimas décadas, fundamentalmente al incorporar el componente étnico-cultural promovido desde los años ‘70 por el movimiento indianista katarista, que cuestionaba la ciudadanía mestiza y homogénea promovida por el nacionalismo revolucionario y denunciaba la supervivencia del colonialismo detrás de la igualdad formal supuestamente garantizada por el Estado. Como ha señalado el vicepresidente Álvaro García Linera, en Bolivia la blanquitud de la piel funciona como un capital complementario a los capitales económicos, culturales o escolares, que favorece o limita el ascenso social y ocupa un lugar de primer orden en la construcción de las estructuras de dominación hasta la actualidad.
Sin embargo, la emergencia de una idea de nación “pluri-multi” no fue lineal. Un primer intento trató de articular estas demandas al discurso neoliberal, para lo cual el primer gobierno de Sánchez de Lozada (1993-1997) contaba con la figura adecuada: su vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, no sólo era un aymara sino un dirigente histórico del movimiento katarista. Como presidente del Congreso, Cárdenas promovió un conjunto de medidas como la incorporación en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado (CPE) del reconocimiento del carácter “pluricultural y multiétnico” del país y, en el plano pedagógico, la introducción del carácter “intercultural bilingüe” de la educación boliviana. Estas medidas contaban, además, con generosas líneas de financiamiento internacional y ONGs para ejecutarlas, en un contexto de apertura de los organismos financieros globalizados a la defensa de la ecología y de los “grupos vulnerables”. Neoliberalismo, globalización y diversidad parecían ir de la mano. Incluso el reconocimiento de la diversidad –y el reemplazo de la clase por la etnia o la cultura– resultaba bastante funcional a las políticas de debilitamiento de los Estados nacionales promovidas por esas mismas instituciones. Sin embargo, esta idea renovada de nación “muticultural” neoliberal se topó con un temprano fracaso. Rápidamente se amplió la brecha entre el reconocimiento internacional –y de las clases medias– al vicepresidente Cárdenas y la percepción de las propias comunidades, que comenzaron a llamarle llunk’u o traidor. En Bolivia, los indígenas no son minorías vulnerables sino mayorías nacionales excluidas del poder por los resabios de un modelo neocolonial que se vio escasamente alterado por la introducción de las reformas multiculturalistas. Como señalaban los primeros kataristas, en Bolivia los indígenas sufren una doble opresión: étnica y de clase.
A partir de estos cuestionamientos, los movimientos campesinos e indígenas propusieron una articulación alternativa de lo “pluri-multi”. No se trataba de hacerlo parte del discurso neoliberal sino de un discurso nacionalista renovado que en otras oportunidades llamamos nacionalismo plebeyo. Si antes la idea nacional recaía en la clase media urbana nacionalista que la pensaba como “homogeneización”, ahora era proyectada desde una Bolivia plebeya que concibe a la nación como “unidad en la diversidad”, pero que incorpora del viejo nacionalismo la idea de contradicción entre la nación y el imperialismo o, dicho en otros términos, la contradicción entre la nación y la antinación. Incluso Felipe Quispe, que aparece como uno de los mayores denunciantes del Estado boliviano como un Estado colonial y propone la autonomía aymara, no pudo sustraerse de este tipo de clivajes en momentos de crisis como la “guerra del gas”. Estos cambios conllevaron un proceso de etnificación de la política, en el que la indianitud –tradicionalmente sinónimo de obediencia e inferioridad– se transformó en fuente de capital político, lo que puede verse en la valorización de los idiomas indígenas, los atuendos y símbolos tradicionales y los aspectos somáticos en el mercado político del campo y los barrios pobres de las ciudades. Pero son indios nacionalistas, no los indios posmodernos funcionales a las políticas neoliberales.
Sobre la base de la “genealogía” de este nuevo nacionalismo boliviano quizás pueda comprenderse con más claridad los marcos ideológicos del MAS y del propio Evo Morales, que ha bebido de estos cuestionamientos y transformaciones de la idea sedimentada de nación y de bolivianidad. ¿Y el marxismo? La mención del marxismo como uno de los ejes ideológicos masistas tiene principalmente el objetivo de resaltar la dimensión clasista que atraviesa al movimiento indígena –que se piensa a sí mismo también como campesino– más que indicar la existencia de una presencia significativa de la doctrina marxista en el MAS. El mencionado marxismo minero, junto a una intelectualidad de origen marxista que acompañó la creación del instrumento político, tuvo cierta influencia en el movimiento campesino, pero esa influencia se dio en un contexto de crisis internacional de la izquierda y del denominado “socialismo real” que debilitó sus convicciones ideológicas previas y alentó su desplazamiento hacia el nacionalismo indígena emergente, menos susceptible de descalificación en el terreno político e intelectual.
En cuanto al sujeto político, para el MAS no es la clase sino el pueblo, y no en el sentido marxista –un pueblo hegemonizado por una clase– sino en el sentido populista: el pueblo se construye como equivalencia de las demandas de quienes se oponen a la oligarquía en una suerte de alianza de clases (otro vínculo con el viejo nacionalismo) ( 3 ) ¿Y quiénes quedan fuera del pueblo? La antinación, quienes, dentro del país, no son “verdaderos bolivianos”, sino que responden a intereses externos.
Desde su nacimiento, el núcleo duro del discurso del MAS es el rechazo al neoliberalismo, entendido como recuperación del control estatal de algunas áreas estratégicas de la economía, como los recursos naturales o los servicios públicos. Se trata, en este sentido, de una izquierda reformista, que propicia un proceso de “descolonización del poder” y renacionalización de la economía y el Estado (percibido al servicio de intereses extranjeros), y opera, con tensiones, en el terreno institucional y extrainstitucional. También el MAS incorporó –con más fuerza desde 2002– la defensa de la democracia representativa a su horizonte discursivo, retomando la idea de que la democracia fue una “conquista popular”, en referencia al movimiento de masas, obrero-campesino, que en noviembre de 1979 enfrentó el golpe de Estado de Alberto Natusch Busch. Sin embargo, a diferencia del pasado, no se trata de una fase en la transición al socialismo (o revolución por etapas), sino del campo en el que deberá realizarse una “refundación del país que incorpore a quienes no participamos de la fundación de Bolivia”; es decir, se trata de la profundización de la democracia y, en el mismo sentido, de su nacionalización efectiva.
A riesgo de simplificar la complejidad que conlleva esta confederación de organizaciones sindicales, indígenas y sociales –y conscientes del reduccionismo de los conceptos– podríamos definir al MAS como un nuevo nacionalismo en el que los clivajes pueblo-oligarquía y nación-imperialismo están atravesados por una cierta etnificación (no excluyente) de la política. En el campo de los referentes históricos del MAS se procesa la misma articulación: Túpac Amaru, Túpac Katari, Bartolina Sisa, el Che Guevara, el sacerdote progresista Luis Espinal y el diputado socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, ambos asesinados por la dictadura de García Meza en 1980, conviven en la misma iconografía masista.
El MAS en el gobierno
El gobierno de Evo Morales ha impulsado tres medidas políticas y económicas fundamentales: la convocatoria a la Asamblea Constituyente, la nacionalización de los hidrocarburos ( 4 ) y la profundización de la reforma agraria.
A casi un año de la llegada al poder, la “revolución democrática y cultural” enfrenta, sin embargo, una serie de obstáculos: escasez de cuadros, exceso de retórica oficial, ausencia de espacios de debate político, excesiva centralización de las decisiones en manos del Presidente y una arraigada cultura política faccionalista al interior de las organizaciones sociales, incluidas las indígenas. A ello se suma una oposición conservadora crecientemente “venezuelizada”, que cuenta con los medios de comunicación como amplificadores de una voz con escasa legitimidad política y social.
Los avances en el campo de la nacionalización de los hidrocarburos –concretados en la firma de nuevos contratos con las empresas petroleras extranjeras– permiten al gobierno contar con un amplio respaldo popular (63 por ciento según un sondeo de principios de noviembre realizado por la firma Mori). Sin embargo, existe un fuerte déficit de densidad técnico-institucional para asegurar la continuidad y éxito de las reformas.
El de Evo Morales no es el primer ensayo nacionalista con apoyo popular en Bolivia. La propia historia nacional puede ser leída como una sucesión de ciclos “liberales” y “nacionalistas” desde los años ’40, pero estas experiencias fueron socavadas por las luchas sectoriales por el control de la renta de los recursos naturales –tradicionalmente provenientes de la minería– utilizada para financiar diversas formas de clientelismo político, y la imposibilidad de generar instituciones capaces de transformar los objetivos emancipadores en políticas públicas en beneficio de las grandes mayorías nacionales. El Estado fue concebido como un botín por la vieja rosca “minero-feudal” y luego por las nuevas élites “clasemedieras” que accedieron al poder con la Revolución Nacional de 1952. Esos mismos peligros se erigen hoy, nuevamente, frente al nacionalismo indígena en el poder.
El entronque histórico del gobierno de Evo Morales con el viejo nacionalismo es evidente. A la nacionalización del 1º de mayo de 2006 siguió una escenificación conocida: la ocupación militar de los campos de gas y petróleo; la “revolución agraria” se anunció en el aniversario y en el mismo lugar (Ucureña, en los valles de Cochabamba) de la reforma agraria del ’53; y la inauguración de la Asamblea Constituyente se realizó el 6 de agosto, en Sucre, en medio de un desfile indígena militar que recordó la alianza militar campesina que fue la base social de los gobiernos del MNR y del régimen militar populista del general René Barrientos que llegó al poder, de facto, en 1964. Lo que no implica una reivindicación de la revolución del ‘52 por parte de Morales, sino la perspectiva de su profundización y superación histórica.
Uno de los cambios centrales de su gobierno se vincula a la recuperación de la capacidad de decisión nacional en áreas estratégicas del Estado como las Fuerzas Armadas y la política exterior, que se desplazó hacia una alianza –con fuertes vínculos emotivos– con Cuba y Venezuela. Evo Morales suele referirse a Fidel Castro como un “abuelo sabio” y a Hugo Chávez como un “hermano mayor”.
Un caso paradigmático fue el del cuerpo militar de élite F-10, creado bajo el control del Grupo Militar que opera desde la embajada estadounidense. Apenas asumir, el mandatario indígena nombró a un comandante que no contaba con la aprobación de Estados Unidos, lo que motivó la suspensión del financiamiento de este país al grupo armado y algunas escaramuzas verbales. Pero el comandante no fue cambiado y Morales anunció, desde el Palacio Quemado, que “se acabaron los tiempos en los que ministros y jefes militares eran nombrados desde la embajada norteamericana”.
En el área económica se reactivaron imaginarios desarrollistas, junto a una suerte de nostalgia por un “Estado de bienestar” que en el caso boliviano fue extremadamente limitado. La consigna lanzada por el vicepresidente García Linera en el cierre de la campaña por la Asamblea Constituyente en Cochabamba –“industria o muerte”– fue la más aplaudida y expresa el revival de la teoría de la Dependencia –dejar de exportar materias primas– que subyace el discurso indigenista en las filas del actual gobierno.
Mientras la “pata económica” del proyecto de Morales logró recuperar parcialmente la iniciativa con los avances en el área hidrocarburífera, su “pata política” –la Asamblea Constituyente– enfrenta el peligro de una prematura pérdida de legitimidad, pese a que la izquierda tiene mayoría absoluta. El predominio de los aspectos formales, como la forma de votación, por encima de los contenidos de la nueva Ley Fundamental está provocando elevados niveles de apatía en la población.
En este contexto, la oposición conservadora, carente de discursos acordes con la ola nacionalizante, se atrincheró en las demandas autonomistas de Santa Cruz, cuyas élites se han replegado en lo local ante la pérdida de sus espacios de poder en el Estado central como producto de la emergencia indígena. Los procesos de rebeliones sociales y cuestionamiento a la “vieja política” se dieron en Bolivia con dos velocidades diferentes: mientras en el occidente (La Paz, Oruro, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca) los partidos tradicionales implosionaron, en el oriente (Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando) sobrevive una importante hegemonía política e ideológica conservadora –vinculada a la influencia de los denominados Comités Cívicos, con fuerte presencia de intereses empresariales– que da a la derecha espacios de acción y legitimidad. En la articulación de esta porción del país, se juega gran parte del proyecto nacional del gobierno, cuya legitimidad no se ha transformado aún en una nueva hegemonía indígena popular.
Contra ello conspira la politización fragmentada de las organizaciones sociales y sindicales bolivianas, que alternan una expansión hegemónica hacia el espacio político nacional con fuertes repliegues corporativos hacia sus intereses particulares. Los recientes enfrentamientos entre trabajadores estatales de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y cooperativistas mineros en la localidad de Huanuni( 5 ) evidencian la profundidad de estos vaivenes que hacen a la lógica de funcionamiento de “lo social”, tan a menudo mistificada por algunos teóricos políticos antiestatales. Y advierten que el ansiado tránsito hacia la transformación social es un camino plagado de obstáculos que vienen tanto de las fuerzas interesadas en la preservación del orden actual como de las tendencias conservadoras y los límites técnico-políticos de quienes fueron educados para obedecer y hoy se encuentran ante la novedosa realidad de tener que dirigir las riendas de un Estado que siempre les fue ajeno. Y contra el cual se enfrentaron a lo largo de toda la historia boliviana.





NOTAS:


( · ) Este trabajo fue preparado por el autor para el V Seminario internacional Marx vive, Alternativas y gobiernos alternativos en América Latina, realizado en la Universidad Nacional de Colombia del 31 de octuibre al 2 de noviembre de 2006.
( * ) Economista y periodista. Corresponsal del diario Clarín en Bolivia, colaborador de Le Monde Diplomatique (Edición Cono Sur). Ganador del premio en Ciencias Sociales "Agustín Cueva", Ecuador, 2004 y coautor de La Revolución de Evo Morales. De la coca al Palacio, Capital Intelectual, Buenos Aires, 2006.
( 1 ) La Ley 1008 distingue la “zona tradicional” de la “zona excedentaria”. Establece un máximo de cultivo de coca de 12.000 hectáreas. Actualmente habría, según datos de Naciones Unidas, unas 27.000. Los cocaleros son la columna vertebral del MAS.
( 2 ) En Bolivia, si ningún candidato obtiene el 50% más uno de los votos es el Parlamento el encargado de seleccionar al Presidente entre los dos postulantes más votados.
( 3 ) No utilizamos el concepto “populismo” en términos peyorativos ni descalificatorios, como suele hacerlo parte de la literatura política, sino para especificar un tipo de articulación política. Ver: Laclau, Ernesto: La razón populista, Buenos Aires, FCE, 2004.
( 4 ) Con la nacionalización, el Estado recuperó la propiedad de los hidrocarburos “en boca de pozo”, el control de toda la cadena productiva por parte de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y estableció un nuevo esquema impositivo favorable al Estado.
( 5 ) En dichos enfrentamientos chocaron “cooperativistas” (en realidad, microempresarios) con mineros estatales por el control del cerro Posokoni, la principal reserva de estaño de Bolivia.